06/05/2011

Carlos Curbelo Tammaro lavado de activos del narcotrafico

Viernes 06.05.2011 Curbelo: confirman su procesamiento

 , Acusado por lavado de activos originados por el narcotráfico

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno confirmó el procesamiento del abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro , quien fue enjuiciado en noviembre de 2009 acusado por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Curbelo Tammaro había sido procesado por el ex juez Federico Álvarez Petraglia, en una derivación de la llamada "Operación Campanita", que en 2006 permitió desbaratar una red internacional de narcotraficantes a la que se le incautaron 300 kilos de cocaína.

Junto con el abogado, también fueron procesados el escribano Lorenzo D`Angelo, el narcotraficante José Luis Suárez, su hermano y otro hombre, todos por el delito de lavado de activos. El Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, en resolución que notificó ayer, confirmó los procesamientos, excepto el de la última persona, a quien absolvió de la acusación.

El fallo, redactado por el ministro Alberto Reyes y firmado por Alfredo Gómez Tedeschi y José Balcaldi, señala que se lograron reunir pruebas de que Curbelo Tammaro y D`Angelo aportaron dinero propio para realizar inversiones inmobiliarias. Curbelo había sido abogado de Suárez y D`Angelo actuó como su escribano.

La sentencia descarta los cuestionamientos hacia las escuchas telefónicas y las pruebas aportadas por una mujer que ofició como colaboradora en el expediente, planteadas por la defensa de Curbelo Tammaro.
http://www.elpais.com.uy/110506/pnacio-564589/sociedad/curbelo-confirman-su-procesamiento/

Jueves 26.11.2009 Curbelo Tammaro y otros cuatro procesados con prisión
El abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro fue procesado con prisión por un delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y un delito de asistencia al lavado. En el caso, también fueron procesadas otras cuatro personas.
Los procesamientos, dictados por el juez penal Federico Álvarez Petraglia a la hora 3 de hoy, fueron pedidos por el fiscal Diego Pérez, en el marco de la investigación por la Operación Campanita. Los otros cuatro procesados son el ciudadano español José Luis Suárez -cabecilla en Uruguay de una organización de narcotraficantes desbaratada en la Operación Campanita en 2006 y actualmente cumpliendo prisión en el Penal de Libertad-, un hermano de éste, un escribano y otro narcotraficante también en prisión que cayó en la Operación Cancerbero II hace un año.
El magistrado explicó que al profesional uruguayo se le imputa un asesoramiento que se produjo con posterioridad al enjuiciamiento de Suárez en la negociación de una torre de 12 pisos en Plaza Independencia.
"Posteriormente se le imputa su participación personal y con dinero propio —una cifra cercana a los U$S 180.000" en un emprendimiento de Suárez en otra torre, pero en la ciudad de Punta del Este", afirmó.

Petraglia explicó que este inmueble fue puesto a licitación por el Banco Hipotecario del Uruguay y fue ganado, desde la cárcel, por Suárez. "La torre está en plena construcción y en plena venta en el departamento de Maldonado", finalizó el juez penal.
Curbelo Tammaro fue detenido la noche del martes en su casa de Carrasco por efectivos de la Brigada Antidrogas, y ayer miércoles declaró como indagado desde la hora 13 en el Juzgado a cargo de Álvarez Petraglia. El abogado fue el defensor legal de Suárez cuando éste fue detenido en la Operación Campanita.
El hermano de Suárez también había sido citado a declarar ayer por su participación en negocios de compra de inmuebles que se presume se realizaron con dinero proveniente del narcotráfico. Este hombre se sintió mal y fue trasladado a un centro asistencial en una ambulancia sobre la hora 21.
Curbelo Tammaro es defendido por el ex fiscal de lo Contencioso Administrativo Miguel Langón.
Los cinco procesados fueron trasladados de madrugada del Juzgado a la Brigada Antidrogas, y esta mañana iban a ser llevados a Cárcel Central.
La Operación Campanita tuvo su inicio en el año 2006, cuando se incautaron 350 kilos de cocaína, vehículos, armas, dinero y propiedades, entre ellas un laboratorio en Parque Batlle. Hubo decenas de detenidos y unos 30 procesados.
El operativo estuvo a cargo de la entonces jueza penal Anabella Damasco, actual ministra de un Tribunal de Apelaciones en lo penal.
El juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez continuaron con la investigación y dieron con indicios de que dinero de los narcos había sido utilizado para adquirir bienes inmuebles.
La banda desbaratada en 2006 era liderada por el colombiano Alex Pareja, detenido en Brasil.
Ricardo Gil Iribarne, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, dijo que "es un caso de lavado y narcotráfico o lavado de fondos por narcotráfico". "El que está acá declarando capaz que se va para su casa y nosotros no vamos a hacer nada para ensuciar a nadie. Si queda procesado, entonces es lógico que se sepa", dijo.
Llamado de atención
La Operación Campanita fue hasta el año 2006 el mayor procedimiento contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico en Uruguay, con ramificaciones a nivel internacional. El director de Narcóticos, Julio Guarteche, dijo entonces que el nombre se tomó de otra operación que se realizó con la aduana británica, "ya que fue como un llamado de atención para todos nosotros".
http://www.elpais.com.uy/091126/ultmo-456661/ultimomomento/curbelo-tammaro-y-otros-cuatro-procesados-con-prision/



22/02/2011

Pedro Konrad y Claudia María Sosa Otero - lavado de dinero de narcotrafico

JUEZ ARGENTINO. LIBRÓ EXHORTOS; EN LA MIRA, FIRMA QUE OPERA EN NUESTRO PAÍS
Investigan pista uruguaya con narco avión
La Justicia argentina libró exhortos hacia Uruguay y Estados Unidos en busca de información sobre una presunta conexión entre una empresa radicada en nuestro país y un avión privado que aterrizó en Barcelona (España) con 944 kilos de cocaína a principios de enero.

Narco avión. Fue capturado en Barcelona con 944 kg de droga. (Foto gentileza Página/12)
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 de la República Argentina remitió un exhorto a Uruguay solicitando información sobre una empresa que procediera al pago de las cuotas del "leasing" de un avión privado que fue utilizado para el tráfico internacional de estupefacientes, según información divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Asimismo, la Sede libró exhortos a Estados Unidos (EEUU) en procura de información sobre dos empresas vinculados con el alquiler, con opción de compra, del avión Bombardier Challenger 604, en el cual fue transportada la droga (cocaína de máxima pureza), y sobre dos cuentas bancarias, propiedad de uno de los imputados en EEUU.

Los exhortos librados por el juez Rafael Caputo (subrogante del juez Alejandro Catania) procuran determinar el origen del dinero, con el cual los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá pagaron el Bombardier Challenger 604, revelaron el diario "La Nación" y el sitio "Urgente 24". El exhorto a Uruguay fue remitido por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El "leasing" se concretó en noviembre de 2010 por intermedio de una sociedad anónima radicada en Florida (EEUU). Sin embargo, la cancelación (pago) de una de las cuotas del "leasing" fue efectuado por la empresa Administradora de Fondos de Inversión del Sur SA. La empresa uruguaya habría girado U$S 250.000 a una cuenta bancaria de Gustavo Juliá en EEUU, monto coincidente con la primera cuota prevista en el negocio de "leasing" desarrollado por los hermanos Juliá.

La Administradora de Fondos de Inversión del Sur SA (Afisur SA) es una empresa 100% propiedad de "SEVEN WISARDS GROUP MANGEMENT INC", teniendo sede en el Complejo Zonamérica ­ruta 8, km 17500, local 134, oficina 102-, según se desprende de la página web del Banco Central del Uruguay (BCU). Sus accionistas son SEVEN WISARDS GROUP MANGEMENT INC, que detentan el 100% de las acciones y cuya administradora es Claudia María Sosa Otero, esposa del ex corredor de Bolsa Pedro Konrad, quién renunció en marzo del 2006 a su titulo de corredor de Bolsa El 15 de febrero de 2011 el Banco Central del Uruguay (BCU) informó que el Sr. Pedro Konrad, integrante de la Comisión Fiscal de la Bolsa de Valores del Uruguay (BVU) renunció a su cargo. El auditor externo te la firma de Zonamérica es Echevarría Petit & Asociados SRL. La empresa está inscripta en el BCU el 30 de enero de 2008 . Afisur S A Administradora De Fondos De Inversion figura como una empresa chilena. La investigación impulsada en la Argentina procura determinar si la droga incautada en el aeropuerto de Barcelona (España) fue cargada en la base aérea militar de Morón, ya que el avión propiedad de los hermanos Juliá estuvo dos meses estacionado en la base áerea militar argentina. La Justicia indaga los posibles vínculos entre los hermanos Juliá y un cártel de la droga colombiano.
http://www.larepublica.com.uy/politica/442160-investigan-pista-uruguaya-con-narco-avion

18/02/2011

Gerardo Amaral (Frente Amplio) - trafico de influencia

Ex intendente citado por obra en Treinta y Tres
Justicia investiga denuncia sobre licitación municipal
El ex intendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral (Frente Amplio), declarará hoy ante una jueza de ese departamento que investiga presuntas irregularidades en una licitación para reparar el techo del teatro municipal durante su administración (2005-2010).

Amaral, quien en mayo de 2010 perdió el gobierno departamental a manos del nacionalista comparecerá en calidad de testigo ante la jueza Elisa Zurbruck, quien tramita una denuncia presentada por un grupo de ediles.
La indagatoria judicial apunta a establecer si existió delito cuando la Intendencia de Treinta y Tres contrató para realizar una obra de remodelación en el teatro local a una empresa constructora a la que estaba vinculado el esposo de una jerarca de la administración de Amaral.
La empresa también fue contratada para la realización de otras obras en el departamento. Y el asesor de la firma, que está casado con la ex jerarca comunal, también ocupó un cargo de dirección al inicio del anterior período.

En 2009, convocado por la oposición, Amaral concurrió a la Junta Departamental para brindar explicaciones por el contrato de esta obra.

El entonces intendente aseguró ante los ediles que se tomaron los recaudos necesarios para que la jerarca esposa del asesor de la empresa contratada no participara en ninguna instancia de la licitación de las obras en el teatro municipal, cuyo costo fue de cerca de US$ 100.000.
Hoy, además de Amaral, la jueza Zurbruck y la fiscal subrogante Sandra Fleitas, tomarán declaración a la ex directora municipal y a un arquitecto de la Intendencia de Treinta y Tres, entre otras personas que también fueron citadas por la sede judicial a partir de la hora 9.
Si bien todos comparecerán en calidad de testigos, no se descarta que a futuro alguno de ellos pase a tener la calidad de indagado y sea citado nuevamente pero con la exigencia de presentarse acompañado por un abogado, según explicaron fuentes del caso a El País.
La polémica licitación motivó que en 2009, el ex intendente Amaral fuera interpelado en la Junta Departamental de Treinta y Tres por el edil colorado Alejandro Pinho.

El País Digital http://www.elpais.com.uy/110216/pnacio-547702/politica/ex-intendente-citado-por-obra-en-treinta-y-tres/

28/11/2010

José Polakof estafa y abuso de funciones ,director de la intendencia de Montevideo


Apropiación de terreno
I.S.I. | Montevideo
Tenemos una chacra en la ruta 102 a 200 metros de Zonamerica ocupada con un intruso y su familia desde hace más de 4 años. Iniciamos un juicio para desalojarlo, donde él aludía que era concejal del MPP y que nadie lo iba a mover de ahí. El abogado continuó con el desalojo y el intruso pidió varias prórrogas, que le fueron concedidas, hasta que el 18 de agosto del corriente año me llama el abogado diciendo que iba con el alguacil a notificarlo de que el 30 de agosto tenía el desalojo sin derecho a más prórrogas dictaminado por el Poder Judicial.
Yo había puesto en venta la chacra en tres inmobiliarias pero el intruso no permitía la entrada para verla.
El día que fue el abogado se encuentra que allí había una Cooperativa Agropecuaria llena de gente y maquinarias otorgadas por el Sr. José Polakof, que desempeña el cargo de Director Gral. del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional de la Intendencia de Montevideo. No obstante pagar la contribución, tributos, tener un juicio de desalojo ya concluido con honorarios de abogado más pagar impuesto al patrimonio por el bien, tomó la resolución de apropiarse de mi chacra, no hablando nunca conmigo sino con el propietario de una de las inmobiliarias.
Por medio del dueño de la inmobiliaria consigo el celular del Sr. Polakof y le pido una entrevista. El señor adujo que la resolución ya estaba tomada y firmada por la Intendenta Ana Olivera, pagando en UR.
De junio hasta ahora yo sigo pagando los impuestos, la cooperativa sigue adelante pero a mí no me pagaron nada. Me comuniqué con el Sr. Polakof varias veces y él delegaba todo en su secretaria o escribana, hasta que un día le dije que iba a hacer que el abogado ejecutara la orden judicial. Ahí me contestó que lo hiciera si quería pero que al día siguiente me la expropiaban porque por ley tendría que habérselo ofrecido primero a la Intendencia.
Sigo sin cobrar, pagando por algo mío pero usufructuándolo ya no uno sino varios intrusos, lo que me lleva a preguntar: ¿Esta es la democracia? ¿Uno es realmente dueño de un bien y puede disponer de él?
Antes de seguir buscando inversores respeten a los uruguayos que nos jugamos por el país. No viajen tanto y ese dinero utilícenlo en mejorar la calidad de vida de los uruguayos, luchen para mejorar la inseguridad en que se vive, la educación, la vivienda, las jubilaciones, la limpieza de la ciudad, las cárceles, las calles y carreteras y el respeto por la propiedad privada. Es fácil dar mano de obra sacándole los bienes a los demás y muy lamentable que el propio Estado se apodere de algo sin pagar. Eso es una apropiación indebida, por no decir una estafa."



Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional - Luis Polakof

Última actualización: 06.08.2010 - 13:55
Empresario del sector servicios e industrial.
Ha trabajado como docente y periodista.
Conferencista en distintos Seminarios y Congresos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Apoyo al Hospital Departamental de Maldonado. Es tesorero de la Fundación Hemovida y Directivo del Centro de Estudios Estratégicos de Ayuí.
Fue Presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Directivo de la Liga de Fomento de Punta del Este y de la Cámara Empresarial de Maldonado.
Es militante del Frente Amplio (FA) desde los inicios en Maldonado, Montevideo y el exilio.
Ubicación: Palacio Municipal, piso 23
Tel.: 19502390
Correo: luis.polakof@imm.gub.uy

12/10/2010

Axel van Hooven lavado de dinero Montemar SA

12  oct 2010   Montemar SA, Tecomar, Las Palmas etc. etc. y los 400 - 500 Millones USD.
Puntualizando a lo leido, el Sr. Axel Van Hooven - AvH - no es holandes (es solo su nombre). El es de nacionalidad alemana, tiene pues pasaporte aleman. Me gustaria saber si con el actual gobierno se perseguira este asunto hasta el final de su exclarecimiento. El Sr. AvH ha sido visto ya en alemania y en compania del Sr. Jochen Doehle -JD- quien esta involucrado es este caso de corrupcion. JD es el duenio de la empresa naviera Peter Doehle. El nombre de Axel van Hooven deberia aparecer en la lista de corruptos hasta su exclarecimiento y demas.


Por las manos de cinco jueces ha pasado un viejo expediente judicial en el que se habla de lavado de dinero, US$ 400 millones enviados ocultos en contenedores y un fraude por US$ 17 millones. Actualmente, la causa se encuentra en poder del juez en lo penal de 2º Turno, Pedro Salazar, quien ha llamado a varios testigos a declarar.

Al menos cinco empresas portuarias de Montevideo fueron acusadas de lavar un monto que supera los US$ 400 millones. La operación ilegal se desarrolló durante nueve años entre 1993 y 2002 sin que, curiosamente, las autoridades lo advirtieran.

Pagani Uruguay SA, Montemar SA, Tecomar SA, Las Palmas SA y Olazul SA son las cinco empresas portuarias que en Uruguay fueron acusadas de participar de las maniobras fraudulentas. Las tres últimas recibían fondos por irreales fletes de alquiler de buques cuya documentación respaldante nunca existió.

A mediados del año 2002, directores de Tecomar SA solicitaron una auditoría interna de la empresa al contador Eduardo Rodríguez Siri, profesional que preparó el concordato.

De esa investigación surgieron evidencias de numerosos hechos ilícitos e irregularidades. Así se supo de la existencia de préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables, y aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA que las encaminaba a la empresa Montemar SA, que a su vez las dirigía a una cuenta en el Citibank de Nueva York para la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor, mediante cartas de instrucciones a los bancos, entre otras formas.

Los fondos, por supuestos fletes de alquiler de buques, provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited, las dos últimas de Isla de Man, vecina al Reino Unido. Esta isla es un conocido paraíso fiscal. La Isla de Man no forma parte del Reino Unido, tiene instituciones legislativas propias y depende directamente de la corona británica.

Hasta 1996, cuando Montemar ya era conocida como "la empresa de los griegos". Por esa fecha, la sociedad anónima accedió al ingreso de un núcleo de inversores europeos que incluían a uno de sus mayores proveedores de barcos portacontenedores y de servicios de líneas marítimas, que supuestamente aportaron una mayor estabilidad financiera al grupo. Se trata del grupo alemán Peter Döhle Schiffarts Kontor, de Hamburgo, al cual pertenece la compañía Pagani.

Pagani Limited adquirió la mayoría de las acciones de Montemar y de Tecomar. Con el alquiler de barcos a Peter Döhle por parte de Montemar, la deuda se agrandó hasta que llegó un momento en que el proveedor alemán pudo hacerse de las empresas uruguayas.

El directorio cambió, pero básicamente los griegos se quedaron en posición minoritaria, con un 20% de las acciones. Los nuevos inversores envían al alemán de apellido holandés Axel Van Hooven para controlar todo el grupo que estaba compuesto por: Montemar, Tecomar (incluida su oficina propia en San Pablo), el taller Las Palmas, el depósito Olazul, Cool Spare, ubicada en Zona Franca de Montevideo, que vendía repuestos para buques frigoríficos y Tecnofrío, que tenía su base en Asunción del Paraguay.



ACCIONES EN MONTECON

Axel Van Hooven llega aproximadamente en 1996 cuando Montemar se asocia con Peter Döhle. Es entonces que nombra a cinco directores uruguayos, uno de los cuales es el contador Atilio Luis Oliveri. Todos contaban con firma registrada a nombre de Montemar en los bancos.

Durante el verano de 1997, Axel Van Hooven negoció con los gerentes de Citibank Uruguay para lograr US$ 4 millones. En la contabilidad de Tecomar SA figura un préstamo por US$ 500 mil recibido del Citibank con fecha 15 de enero de 1998. Más tarde el 15 de mayo de ese mismo año, aparece un préstamo por US$ 3:500.000. Ninguno de ellos llegó jamás a Tecomar SA, según los denunciantes. Solo durante el período de tres meses y ocho días transcurridos del 14 de abril al 22 de julio de 1998 figuran saliendo de Tecomar SA la suma de US$ 480.979,30. En suma, un total de US$ 7:480,979,30 desapareció de la empresa.

La empresa comenzó a gestionar los préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables. Aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA, que las encaminaban a la empresa Montemar SA, que a su vez las encaminaban a una cuenta en el Citibank de Nueva York a nombre de la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor.

Tanto Tecomar SA como Las Palmas SA y Olazul SA recibían fondos por supuestos fletes chárter de buques que no existieron y vinculados a empresas con las cuales no existía documentación respaldante alguna. Los fondos provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited.

El 5 de setiembre de 2002, el Departamento de Delitos Económicos, de Jefatura de Policía de Montevideo recibió una denuncia presentada por los griegos Dennos Georgeoglou y Pablo Augoustis, presidente y vice de Tecomar respectivamente. Ambos denunciaron que desde fines del año 2000 Tecomar era titular del 18,66% de las acciones de Montecon SA, mientras que Talfir SA poseía un 5%. A principios de 2001 se había llegado a un acuerdo entre Tecomar y Talfir según el cual ambas empresas sumarían sus acciones en Montecon para repartírselas en partes iguales. Cada una quedaría con el 11,83% de las acciones en Montecon, actuando en común a través de Hallamshire Holding Ltd. Al mismo tiempo Tecomar se quedaba con el 50% de las acciones de Talfir a cambio de US$ 200 mil que habrían ingresado en la caja de Tecomar.

Posteriormente, en una asamblea general de accionistas, Georgelou y Augoustis reclamaron las acciones de Tecomar en Montecon y se les entregó tan solo un 10% del capital accionario y no lo que les correspondía.

Schandy y otros directores de Montecon recibieron el 29 de abril de 2002, una carta de Tecomar, firmada por Van Hooven (quien se autodesignó presidente) y el Cr. Oliveri (presentado como tesorero) en la cual se informaba de la transferencia del 8,66% de las acciones de Tecomar en Montecon a favor de Boswelt Internacional Corp. El 12 de diciembre de 2002 fue finalmente liquidada Tecomar. Quedaron US$ 354 mil a favor de la empresa en los libros.



Justicia investiga lavado y fraude - Politica - 27 de marzo ...
La licitación de una nueva playa de contenedores en el Puerto de Montevideo, que puede terminar en una subasta, ... Axel Van Hooven llega aproximadamente en 1996 ...
http://www.larepublica.com.uy/politica/357851-justicia-investiga-lavado-y-fraude

15/09/2010

Óscar de los Santos - enriquecimiento ilícito

Maldonado se pudre

14 sept 2010 

Denuncian aprobación "exprés" de 16 fraccionamientos en Maldonado

Denuncia. Edil sostiene que se apuraron antes de la Ley de Ordenamiento
MALDONADO | MARCELO GALLARDO
En apenas algunos días, antes de que entrara en vigor la ley de Ordenamiento Territorial (junio de 2008), la Intendencia de Maldonado aprobó 16 fraccionamientos de grandes extensiones que hubieran tenido otras exigencias bajo la nueva norma.
El edil colorado Francisco Sanabria Barrios sostuvo ayer que entre mayo y junio del 2008, la administración del intendente Óscar de los Santos autorizó, en un plazo de pocos días, 16 solicitudes para fraccionar grandes extensiones de tierra antes de la entrada en vigencia de la ley de ordenamiento territorial, promulgada pocos días después por el Poder Ejecutivo.
El planteo del secretario general del Partido Colorado de Maldonado se relaciona con la información publicada por El País el 5 de septiembre donde se consignó que un fraccionamiento de lujo de 481 hectáreas fue aprobado en apenas cuatro días por parte de las autoridades municipales.
Sanabria adelantó a El País detalles de su planteo, que estaba previsto en el orden del día de la sesión plenaria de anoche en la Junta Departamental.
Según supo El País, existía la disposición de ediles de todos los sectores para conformar una comisión investigadora pa-ra tratar de aclarar esta situación. "Nos vemos lamentablemente obligados a plantear un asunto político vinculado a un fraccionamiento y a un desarrollo turístico que involucra una inversión de mil millones de dólares, que según información de manejo público se habría presentado, tramitado y aprobado, en tan sólo dos días, lo cual sería digno de proponer -si fuera cierto- para el Libro Guinness de los Records", dijo Sanabria.
A partir de la divulgación de ese caso puntual, el edil colorado hizo sus propias averiguaciones en la Intendencia.
Según dijo ayer, son 16 los proyectos de grandes fraccionamientos que fueron "aprobados con celeridad", cuando normalmente implican trámites que demoran varios meses.
Sanabria especificó que el caso del expediente del fraccionamiento del grupo JHSF fue presentado el miércoles 28 de mayo de 2008. Al día siguiente se consiguió un certificado de OSE presentado con otra documentación el viernes 30 de mayo. Finalmente, el proyecto fue aprobado el lunes 2 de junio siguiente. "Incluye cientos de terrenos, cientos de residencias, un puerto a orillas del arroyo Maldonado, y un gigantesco hotel", describió el edil.
Con este caso como ejemplo, explicó cuales son "las ventajas que tienen estos proyectos aprobados por la Intendencia (y) que nadie más podrá tener".
"En el uso de la tierra, hoy se debe dejar un 10% para la utilización pública. En el ejemplo analizado, estaríamos hablando de más de 40 hectáreas de millonario valor en dólares que serían hoy de uso de todos los ciudadanos. Estas tierras podrían ser para la Intendencia o para una entidad pública que ella determine", señaló. "Todo proyecto de inversión que tuviera excepciones como éstas, debería de pagar al Estado un 20% de la excepción autorizada (nuevamente millones de dólares en perjuicio de las arcas públicas). En carácter general, hoy después de la ley se tienen que prever reservas de espacios libres, infraestructura, y lo más importante: límites de densidad y edificabilidad".
"Sólo este emprendimiento, es un pueblo de similar tamaño a la parte más importante de la Barra de Maldonado. Lo que demuestra que se está hipotecando con este tipo de prácticas el futuro urbanístico de los próximos 15 o 20 años del departamento de Maldonado", sostuvo Sanabria.
"Esta es la excepción más impresionante que en forma directa el gobierno del Frente Amplio, para eludir una ley promovida por el Frente Amplio a nivel nacional, autoriza en beneficio selectivo de algunos importantísimos grupos económicos, y en perjuicio de los cientos de proyectos que hoy están en la Intendencia, perjudicando también a miles de vecinos de Maldonado, así como a nuevos inversores: que hoy no tienen la posibilidad de eficiencia y celeridad en los trámites que no han sido aprobados en mucho tiempo", afirmó el edil.

`Merece una profunda explicación`

La Ley N° 18.308, conocida como Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, fue votada en Diputados el 22 de mayo de 2008, recibiendo aprobación parlamentaria. Fue promulgada el 18 de junio del mismo año y reglamentada el 11 de mayo de 2009. "Una verdadera gestión transparente referida a este tema, es que se hubiera suspendido el tratamiento de todos los proyectos en trámite por parte del Ejecutivo Comunal (como así lo estipula la Ley de Centros Poblados), mientras se discutía la Ley de Ordenamiento Territorial, que todos sabíamos que iba a ser aprobada", indicó el edil Francisco Sanabria. Esto "merece un exhaustivo análisis y una profunda explicación a la población de Maldonado y al país".

8.000 expedientes en trámite

"Hay hoy 8.000 expedientes en trámite en la Intendencia Departamental de Maldonado que esperan resolución, de los cuales 6.000 están en el área de Control Edilicio", afirmó el edil colorado Francisco Sanabria "lo que quiere decir que la Intendencia y todos sus técnicos están ocupados".
Muchas de estas solicitudes, expresó, son para regularizar viviendas, hacer pequeñas ampliaciones, "inversiones que se ha perdido el departamento porque hace años que están sus proyectos en trámite y sin respuesta, y justamente en éestas áreas departamentales", agregó.
"Estamos a favor de la inversión que se ajusta a la norma, a la transparencia, a la igualdad de tratamiento para todos, y no para algunos. ¿Por qué el apuro? Luego de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, estos proyectos no se podían llevar a cabo", expresó Sanabria.
El País Digital

24 sep 2008 Objetan contrato de Satenil S.A.



El procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón, se expidió por la anulación del contrato entre la administración del intendente Oscar de los Santos y la empresa Satenil S.A. afirmando que en el referido proceso no se actuó de acuerdo a derecho

-intendente ,Maldonado –Lopez Mena
Frenteamplistas cerraron los ojos frente a las denuncias presentadas por el Diputado Darío Pérez, de Maldonado sobre las irregularidades de la Intendencia de Maldonado y el Intendente Oscar de los Santos.

El intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, enfrenta una denuncia penal, una demanda civil por U$ 216 mil y un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debido a la adjudicación directa del monopolio de la publicidad en carteles y mobiliario urbano en el departamento (Búsqueda 19/4/07).
Oscar De los Santos "le pagó el favor a Esteban Valenti" con la publicidad callejera.
"Mire que la publicidad callejera es buen negocio, no menos de U$S 500 mil por año. Fue buen negocio para una empresa que no sabemos quién es", expresó Antía en relación a la firma Satenil.
"Existe una ilegalidad en la concesión. Había un compromiso muy grande. Valenti aparece detrás de varios negocios. Apareció en Maldonado en la campaña de De los Santos, maneja muy bien la publicidad, maneja muy bien la campaña y algún favor le pagan con la posibilidad de manejar la publicidad (callejera). Eso es corrupción al más alto nivel instalada",
Carta de renuncia del Cr. Oscar Torielli, Director de Unidad de Auditoría Interna ..me ofende que mis actos no se evalúen desde lo ético y lo técnico, sino desde la conveniencia política de unos y otros. Rechazo por igual: los interesados halagos de los corruptos de ayer y los agravios de los mediocres de hoy
El empresario Daniel Costa – definido por muchos dirigentes de la izquierda local como el símbolo de la corrupción burgueñista – ahora es aliado del gobierno y hace pingües negocios con la administración
POR SEGUNDA VEZ LA INTENDENCIA DE MALDONADO OTORGA UN NEGOCIO A EMPRESARIOS SIN LLAMAR A LICITACIÓN, CONTROVERSI EN LA JUNTA. Por segunda vez en poco más de un año de gestión, el Intendente de Maldonado, Oscar De los Santos resolvió otorgarle de forma directa a una empresa privada un millonario negocio lo que disparó una nueva polémica en la Junta Departamental. Mientras una comisión investigadora analiza sin la intendencia cometió irregularidades o ilícitos en la adjudicación directa del monopolio de la publicidad en carteles a una empresa privada, De los santos aprobó una nueva concesión también directa a un grupo de empresarios en este caso para concederles por 20 años un predio de 98 hectáreas a fin de instalar allí un parque industrial. En caso de prosperar la gestión del Intendente los empresarios argentinos Carlos Frías Vallerino y Oscar Antonio Colombo y el español Fernando Rodríguez Zorrilla titulares de la firma Vallezor Sociedad Anónima, recibirán en comodato un predio de 98 hectáreas en las afueras de Pan de Azúcar y a cambio deberán crear un Parque Industrial para lo cual invertirán cuatro millones y medio de dólares según adelantó la Intendencia. Sin embargo, el tratamiento del caso en el legislativo municipal no parece fácil. Desde filas del Frente Amplio surgieron pedidos para que el predio se otorgue por licitación, y cuestionamientos sobre los antecedentes de los empresarios que se beneficiarían con el negocio.(Búsqueda, 31 de agosto de 2006).
SECRETARIO PRIVADO DE LOS SANTOS ADJUDICÓ AL INTENDENTE LA RESPONSABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA NETCOM.El secretario privado del Intendente de Maldonado, Eduardo Corleto aseguró el jueves 5 de octubre que antes de que el municipio le adjudicara de forma directa a la empresa NETCOM el monopolio de la publicidad en carteles en el departamento, le recomendó al jefe comunal que hiciera un llamado a licitación, pero que la respuesta fue que no había tiempo suficiente para ello antes del verano. Durante su comparecencia ante la comisión investigadora de la Junta Departamental que analiza si la Intendencia de Maldonado incurrió en irregularidades o ilícitos en su contrato con NETCOM, Corleto adjudicó al intendente Oscar De los Santos la decisión del polémico negocio e incluso expresó dudas sobre su “conveniencia”. (Búsqueda 12 de octubre de 2006

02/09/2010

Gualberto Pérez Riestra - fiscal delincuente nombrado por Tabare Vazquez

Orden de captura para el procurador en lo Contencioso
Justicia. Caso de fraude a Peluffo Giguens
La Justicia emitió anoche una orden de captura para el procurador en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, quien se fue del juzgado donde iba a declarar por una maniobra de fraude contra la Fundación Peluffo Giguens.
El jerarca concurrió al Juzgado Penal de 6º Turno, donde se le tomaron pruebas gráficas para pericias caligráficas.
Aproximadamente a la hora 17.30 fue llamado a declarar pero no estaba en la sala de testigos.
Los magistrados y funcionarios pensaron que quizás el procurador en lo Contencioso Administrativo había "bajado a fumar fuera del edificio", pero transcurrido un tiempo prudencial no apareció, dijeron a El País fuentes judiciales. Llamaron a su celular pero se les cortaba la llamada. Tampoco fue ubicado cuando se telefoneó a su casa y al domicilio de un familiar cercano.

Tras confirmar que abandonó la sede judicial en que se indagaba su eventual participación en una maniobra con una casa donada a la Fundación Peluffo Giguens, se emitió una orden de captura. Al cierre de esta edición, no había sido ubicado por la Policía.
El expediente judicial a cargo de la jueza penal Fanny Canessa, comenzó con la investigación de una maniobra referida a una casa de un valor que ronda los US$ 130.000 cuyo fallecido propietario donó a la Fundación Peluffo Giguens, pero que fue embargada por un grupo de individuos con documentación falsa.
Una persona con antecedentes penales y que tuvo a su cargo el manejo de parte de la documentación con que se concretó la maniobra, fue procesada el sábado pasado por la jueza Canessa, a pedido del fiscal del caso, Luis Bajac.
Ayer miércoles, se tomaron declaraciones y hoy jueves se recogerán documentos y nuevos testimonios. Una de las personas que dio su testimonio en la pasada jornada -con antecedentes por estafa- quedó detenida y en hoy se define si es procesada o dejada en libertad, informaron fuentes del caso a El País.
Hay datos que se investigan sobre más maniobras fraudulentas similares con bienes de fallecidos o personas incapaces, en las que pudieron participar varios de los indagados en este caso, incluido el procurador en lo Contencioso Administrativo, añadieron las fuentes.
Pérez Riestra fue consultado inicialmente para ejecutar el supuesto vale y así trabar el embargo, ante lo cual se excusó y derivó el caso a otra abogada.
Pero, en la investigación judicial, se probó que elaboró escritos y documentos en la maniobra, expresaron las fuentes. Pérez Riestra declaró como testigo el domingo pasado, tras lo cual había sido citado por el juzgado para ayer miércoles.
Donación. La casa por la que comenzó este caso está ubicada en la zona de Montevideo Shopping. Su propietario la donó en su testamento a la Fundación Peluffo Giguens, que da atención a unos 1.000 niños que padecen cáncer.
Cuando comenzaron los trámites de sucesión, la propiedad fue embargada por un grupo de personas que presentaron un conforme firmado presuntamente por el occiso. Uno de los herederos dudó del documento, presentó una denuncia para que se investigue, y se constató que el conforme era falso.
La Fundación Peluffo Giguens espera desde el año 2008 por la casa. "No hemos podido hacernos con la propiedad por la existencia de un embargo que, según parece, es parte de una maniobra fraudulenta", dijo la gerenta general de la fundación, Mirtha Casales.
Asumió en junio de 2009
En junio de 2009, Tabaré Vázquez designó al entonces fiscal de Gobierno Gualberto Pérez Riestra, procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que interviene en los procesos en los que se solicita la anulación de actos del Estado y controla la actividad estatal. En la asunción de Pérez Riestra, la entonces ministra María Simon destacó su trayectoria, formación y criterio en el desempeño de la actividad profesional.
http://www.elpais.com.uy/100902/pnacio-512542/nacional/orden-de-captura-para-el-procurador-en-lo-contencioso

17/08/2010

Daniel y Gustavo Trocki fraude en la Armada, huyo a Israel

Daniel Trocki, junto a su hermano Gustavo, son dos de los principales proveedores de la fuerza de mar. La jueza Gatti y la fiscal Ferrero probaron que una cuenta existente en la filial de Nueva York del banco Hapoalim que está a nombre del primero de ellos fue asociada a la empresa "fantasma" de supuesto origen alemán llamada SWWK Motoreng con la cual la Armada simuló en 2008 la compra de un banco de prueba para motores por un total de US$ 400.000.
Además, los hermanos Trocki, en 2007, oficiaron como intermediarios en la venta a la Armada de 16 lanchas patrulleras por US$ 6.200.000, que se encuentran actualmente en Haití al servicio de la misión de la ONU.
Esa compra, realizada a una empresa de Estados Unidos, fue cuestionada a nivel político al afirmarse que la Armada pagó sobreprecios por las unidades y descartó otras lanchas de mejor calidad y a menor precio ofrecidas por una empresa rusa.
Ayer, el diario La República, informó que los hermanos Trocki y sus familias "huyeron" a Israel a principios de agosto. En el caso de Gustavo, se trasladó primero a Estados Unidos para luego volar rumbo a Israel, según el matutino.
http://www.elpais.com.uy/100817/pnacio-508975/nacional/piden-procesamiento-de-ex-jefe-de-la-armada-y-otros-cuatro-oficiales

16/08/2010

Luis Polakof trafico de influencias

LUIS POLAKOF DUEÑO DE EL DORADO S.A.
Luego de ocho años preso bajo la dictadura y cinco en el exilio, Luis Polakof preside desde 1985 la empresa familiar Polakof y Compañía, fundada por su abuelo ucraniano en Maldonado en la década del 40.

Además de dirigir su empresa, también es presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, de la Fundación del Hogar de Ancianos y del Centro de Ayuda al Psicópata.

Fernandino de 54 años, está casado y es padre de tres hijos.
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Pedido de informes sobre Polakof
El Foro apunta a la exoneración de tributos aprobada
La bancada de diputados del Foro Batllista solicitará informes a la Junta Anticorrupción para que esta determine si los beneficios otorgados por el gobierno a la cadena de supermercados El Dorado -perteneciente a la familia del director de la Intendencia de Montevideo, Luis Polakof (MPP)-, se amparan o no en la normativa vigente.
Allegados a Polakof señalaron que este se desvinculó de la firma al ser nombrado como director de la IMM. Su esposa, Cristina Olivera, es directora de la Intendencia de Maldonado.
"Queremos saber si se cometió o no alguna irregularidad al brindar mejoras impositivas a esa empresa", dijo a El País el diputado forista Tabaré Hackenbruch.
Una resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez el 17 de noviembre exoneró del pago de impuestos durante cinco años a la empresa Polakof y Cía S.A. (Supermercados El Dorado) por la incorporación de equipamiento y la realización de mejoras en varios locales de la cadena.
Los beneficios alcanzan las 11.529.026 Unidades Indexadas (US$ 896.000).
El Dorado. Protesta por ajuste salarial Fuente: El País Digital  26 Agosto, 2008
Los trabajadores del supermercado El Dorado de Maldonado se manifestaron el viernes contra esa empresa en reclamo de aumentos salariales. Los trabajadores, afiliados a Fueci, denunciaron que la oferta de aumento salarial es de $ 70 anuales. Los responsables de la movilización calificaron a las patronales de “intransigentes” y “no negociadoras”. El Dorado es propiedad de la familia Polakof. Uno de sus directores es el actual jerarca de la Intendencia de Montevideo, Luis Polakof.

10/08/2010

Ernesto Menafra teniente de navio procesado por peculado - Armada

la justicia procesó a un familiar directo del Comandante en Jefe por el delito de peculado (153 del Código Penal). Se trata del teniente de navío Ernesto Menafra, integrante de la Quinta División de Estado Mayor (Comunicaciones), sobrino de Debali. Para el Jefe de arma resultó como un torpedo debajo de la línea de la flotación que se suma a las cerca de 14 denuncias de graves irregularidades que afectan a la Armada.

Para Osacr Debali, llegó el momento de dar un paso al costado, y así lo trasmitió anoche con voz firme al almirantazgo bajo su mando. Menafra, un reservista de la Armada, había ingresado al arma en 1994 y tres años después pasó a encargarse del área de la telefonía, donde permaneció hasta ahora. Allí, la justicia, comprobó una serie de maniobras delictivas
http://www.larepublica.com.uy/politica/419955-renuncio-el-jefe-de-la-armada

09/08/2010

Álvaro Bacqué procesado por estafa en la Armada

Militar a prisión por maniobra en Defensa; careo a Oficiales Navales
Manejos irregulares. Procesan a Capitán de Navío por "fraude" con vales de nafta y a jerarca de Inteligencia policial por avisar sobre indagatoria a la Armada
La Justicia procesó a un capitán de navío, responsable del área financiera del Ministerio de Defensa, y a un jerarca de Inteligencia policial, en el marco de tres casos que investiga en relación con el manejo irregular de fondos militares.
El militar procesado con prisión había sido separado de su cargo la semana pasada por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, al constatarse a nivel administrativo la maniobra con vales de nafta por un monto cercano a los $ 7.500.000.
En abril y mayo de 2010, el oficial naval Álvaro Bacqué solicitó a Ancap, a través del Ministerio de Economía, un refuerzo de rubros para la Armada con el argumento de incrementar la dotación de combustible para la fuerza naval.
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, luego de investigar las características de la maniobra, procesaron al militar con prisión por el delito de "fraude"

El oficial retiró 595 libretas para combustible en estaciones de Ancap. Cada libreta contiene 25 talones de $ 500. La suma total de los vales asciende a $ 7.437.500, poco más de US$ 370.000.
En la caja fuerte de la oficina del oficial, se encontraron 159 libretas de vales de combustible, por valor de $ 1.987.500. Pero el militar dijo que desconocía el destino de las restantes 436 libretas por valor de $ 5.450.000, o sea unos US$ 260.000.
En cuanto al faltante, el capitán Bacqué dijo que entregó esos vales a un oficial de la Armada que a su vez está siendo investigado por las "compras fantasmas". Sin embargo, tras un careo entre ambos, el segundo uniformado quedó desligado de los hechos, según dijeron fuentes del caso a El País.
Inicialmente, en su declaración alegó que el dinero iba a ser destinado a una guardería dependiente del Ministerio de Defensa.
CAREOS. El procesamiento del responsable financiero del Ministerio de Defensa, pone fin a una de las tres investigaciones en torno al manejo irregular de fondos militares a cargo de la jueza Gatti. Los otros dos expedientes indagan el sistema de compras ficticias y el uso indebido de fondos provenientes de Naciones Unidas.
En el caso de las "compras fantasmas", esta tarde, a partir de la hora 14.00, habrá una instancia clave: someterán a careo a los oficiales navales indagados por las adquisiciones falsas de una grúa y un banco de prueba para motores por un total de US$ 600.000, que se destinaron a otros gastos.
En conexión con este caso, informó anoche Canal 10, se produjo también el procesamiento de un jerarca de Inteligencia policial.
Este funcionario del Ministerio del Interior, según la información, había citado a su despacho a un Capitán de Navío para avisarle sobre la inminente investigacion judicial que se iba a realizar para aclarar la red de compras irregulares en la fuerza naval.
El marino, según Canal 10, informó a sus superiores y estos le ordenaron retirar documentación incriminatoria, pero ese mismo día llegaron los oficios judiciales solicitando la información, que finalmente fue preservada.
El funcionario policial fue procesado por el delito de "revelación de secreto".
dudas. A nivel judicial quedan dudas respecto al destino que se le dio al dinero de las "compras fantasmas", porque no existen comprobantes que avalen si esos gastos se hicieron o el dinero quedó en poder de alguno de los oficiales.
Los careos de hoy podrían aclarar las dudas que surgen de declaraciones contradictorias.
El capitán de navío Gerardo Feble, quien hasta septiembre de 2009 se desempeñó como jefe de la División Logística (N4) del Estado Mayor de la Armada, aseguró en el juzgado que el manejo investigado se hacía por "orden verbal" del ex comandante Juan Fernández Maggio y del ex jefe del Estado Mayor y actual comandante de la Flota Naval, Manuel Burgos.
Feble fue quien firmó la solicitud que permitió simular la compra de la grúa hidráulica.
Sus declaraciones difieren de las que brindó Fernández Maggio ante la sede penal. El ex comandante de la Armada negó que la decisión de realizar compras ficticias haya sido suya.
"La Armada tiene una organización vertical, en este caso (la decisión la toman) el jefe de Estado Mayor, contralmirante Burgos y el jefe de N-4 capitán Feble", dijo ante Gatti y Ferrero, según consta en el expediente judicial.
Adónde fue a parar el dinero
Distintos documentos enviados la semana pasada a la sede penal que encabeza la jueza Graciela Gatti por el jefe de la Armada, almirante Óscar Debali, a solicitud de la magistrada, alertan sobre el origen de los gastos con el "dinero fresco" obtenido por las compras ficticias.
El dinero reingresado ilegalmente a la Armada por las "compras fantasmas" de una grúa y un banco de prueba para motores, un total de $ 7.550.000, fue cobrado en el BROU por dos capitanes de fragata y un particular, proveedor de la Armada. Según declaró a la justicia el contralmirante Leonardo Alonso, que instruye la investigación interna, las declaraciones que tomó a los indagados indican que "el dinero, billete tras billete, ingresó" a la fuerza naval. Pero no ha recibido ningún comprobante que lo demuestre.
Desde enero a julio de 2009, la Armada informó a la jueza que se gastó en viajes US$ 24.958 (US$ 10.288 con una empresa y US$ 14.670 con otra); en viáticos para el ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio US$ 2.980; US$ 28.000 a una confitería; US$ 40.600 por trabajos para la Aviación Naval; entre otros rubros.
Hay otros gastos en una pinturería, en una cerrajería, una barracas, en farmacias, en una tintorería, en el supermercado Tienda Inglesa, en el hotel La Capilla de Punta del Este, en una chivitería, en una pizzería, en talleres mecánicos y casas de repuestos para autos, en laboratorios, en el pago de horas extras a dos personas, en trabajos de trofeos y plaquetas para homenajes, en repuestos para computadoras, en una casa de vinos, en una despensa, en una granja y en una casa de aire acondicionado.

05/08/2010

Gerardo Flebe estafa en la armada -procesado por fraude

http://www.elpais.com.uy/100817/pnacio-508975/nacional/piden-procesamiento-de-ex-jefe-de-la-armada-y-otros-cuatro-oficiales
Armada: afirman que se operaba por orden de Maggio
05.08.2010 | 7.29
El capitán de navío Gerardo Flebe, indagado en la causa por supuestos ilícitos en el manejo de los fondos de la Armada, admitió su participación en maniobras de compras ficticias, pero también indicó que se operaba de esa manera por orden directa del entonces comandante en jefe, Juan Fernández Maggio.
De las actas judiciales de los interrogatorios a varios altos mandos de la fuerza, a las que accedió el semanario Búsqueda, también surge una serie de acusaciones cruzadas, argumentos contradictorios e incluso la afirmación de que la Armada tenía un sistema institucionalizado para inventar licitaciones como forma de desviar dinero desde un rubro hacia otros.

En el interrogatorio Felebe dijo que la operativa no era un ilícito penal. “Es un procedimiento raro, pero no ilícito”, dijo. Y argumentó: “Con todas las autoridades competentes, jerarquías en conocimiento y autorizando, cuando no era oculto ni secreto, y (…) era único y exclusivo este procedimiento, reiterado tanto a nivel del Estado Mayor como otras autoridades”. “No da para pensar que es ilícito”, reiteró.

Por otra parte, El Observador apunta este jueves que la obligación de acatar y ejecutar órdenes de mandos superiores en la esfera militar está subordinada a la ley.

Si el mandato del superior encierra una conducta claramente delictiva no cuenta la eximente de la obediencia debida, explicó el catedrático de Derecho Penal, Miguel Langón.

Los defensores de los militares implicados en estas maniobras piensan en el argumento de la “obediencia militar” como estrategia para eximir a sus defendidos, informó este miércoles El País.

Sonia Breccia trafico de influencia con Tabare Vasquez

Ex Directora del canal oficial Sonia Breccia - hermana del Senador del MPP Alfredo Breccia
Casada con Federico Fasano dueno del diario La Republica
empresas de Fasano le deben 260 mil dólares a la UTE 2 anos sin pagar
le consiguio un trabajo a su nene Martin Fabregat en Antel
toda la familia a sido beneficiada por el poder

en 2009 Compro chalet los ciruelos en Punta del Este en 800 mil dolares 700 mil dólares al contado y 100 mil a plazo. A 2 cuadras de la playa mansa 490 metros cuadradods edificados y 1700m2 de terreno
Padrón 2207 maldonado se alquila enero 34 mil dólares febrero a 17 mil dólares

Federico Fasano Mertens trafico de influencia con Tabare Vasquez y Mujica

2 anos sin pagar la luz, 250 mil dolares de deuda con la UTE, una clara omision del directorio de la UTE durante le gobierno de Tabare Vasquez
El Multimedio Plural –integrado por La República, AM Libre y TV Libre tiene una deuda de 20 facturas impagas con la UTE
Multimedio Plural recibo un trato diferencial a las familias se les corta la luz si tienen dos factura impagas
El diario La Republica tuvo reiteradas ocasiones de financiaciones especiales


en el 2009 Compro chalet los ciruelos en Punta del Este en 800 mil dolares  700 mil dólares al contado y 100 mil a p[lazo. A  2 cuadras de la playa mansa 490 metros cuadradods edificados y 1700m2 de  terreno 
Padrón 2207 maldonado se alquila enero 34 mil dólares febrero a  17 mil dólares

casado con Sonia Breccia otra izquierdista especializada en el trafico de influencia

Sonia Breccia es Ex Directora del canal oficial  cancelo deuda con el Sodre sin pagar un peso
hermana del Senador del MPP Alfredo Breccia

Martin Fabregat hijo de sonia recibió contrato en antel
Familia beneficiada por el poder

04/08/2010

Juan Fernández Maggio estafa en la armada -procesado por fraude

Piden procesamiento de ex jefe de la Armada y otros cuatro oficiales
Compras Fantasmas. Fiscal acusó a Fernández Maggio y a otros altos oficiales por "fraude" Los marinos declaran el jueves en el juzgado | Uno de ellos cooperó y no pidieron su envío a prisión
PABLO MELÉNDREZ
La Fiscalía pidió ayer el procesamiento con prisión del ex comandante de la Armada Juan Fernández Maggio y otros tres oficiales por las "compras fantasmas". Otro prestó "cooperación" y se solicitó su enjuiciamiento pero sin prisión.
A primera hora de la tarde, la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero presentó en mano su extenso dictamen de 43 carillas ante la jueza Graciela Gatti, con quien investiga desde mayo la existencia de maniobras en la Armada a través de la realización de compras ficticias, tras la presentación de una denuncia anónima en la Fiscalía.
Concretamente, la indagatoria se centra en la simulación de dos compras en 2008 y que tuvieron que ver con la supuesta adquisición de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600.000. Ambos implementos figuraban como comprados, pero nunca ingresaron a la fuerza de mar.
La fiscal concluyó que la responsabilidad por lo ocurrido recayó en el ex comandante Juan Fernández Maggio y en los oficiales en actividad Gerardo Feble (ex director de Logística); Danilo Damonte (ex responsable de Planeamiento y Presupuesto Naval); Alberto Márquez (director del Servicio de Aprovisionamiento de la Armada), y Pablo Da Costa (quien presta servicios en la Dirección General de Material Naval).
Ferrero pidió que todos sean imputados por dos delitos de "fraude", salvo Feble a quien además de ese ilícito la fiscal solicitó que también sea enjuiciado por "falsificación ideológica por un funcionario público", según consta en el dictamen de la representante del Ministerio Público, al cual tuvo acceso El País.
En el caso de Damonte, Ferrero solicitó que sea procesado sin prisión y aplicándole medidas alternativas como el arresto domiciliario o trabajo comunitario "teniendo en cuenta su cooperación en los hechos investigados y las razones de salud personales y familiares planteadas".
El abogado de Damonte, Miguel Langón, se negó a informar si su cliente llegó a un acuerdo con la fiscal para tener una sanción menos severa a cambio de brindar información, como lo prevé la Ley Antilavado de junio de 2009.
Damonte, "si tuvo responsabilidad es muy poca, pero en cuanto a si llegó a un acuerdo con la Fiscalía no voy a decir ni que sí ni que no", expresó Langón anoche a El País.
Todos los oficiales investigados declararán el jueves ante la jueza Gatti, quien les notificará personalmente la solicitud de la fiscal. En esa audiencia las defensas tendrán la posibilidad de pedir más pruebas, pero la magistrada también podría resolver si hace o no lugar a los procesamientos ese mismo día, indicaron ayer los abogados de Fernández Maggio, Amadeo Otatti y Mario Spangenberg.
"Mancomunados". Para la fiscal, durante la investigación se probó "con holgura" que en la Armada "se desafectaron rubros o créditos presupuestales con la finalidad de ser gastados en el ejercicio 2008 en otros legalmente establecidos, y para utilizar dichos créditos se falsearon compras supuestamente verdaderas utilizando documentación falsa...".
"En la ilegalidad del accionar mancomunado de todos los partícipes, unos se han tratado de amparar en la obediencia debida, y otros, en que el dinero se gastó dentro de la misma dependencia de donde salió", dice Ferrero, quien pidió que los oficiales sean embargados por un total de US$ 600.000.
En cuanto a la responsabilidad de Fernández Maggio, Ferrero sostiene que el ex comandante "no puede alegar" que desconocía las supuestas compras, ya que él fue quien gestionó ante el Banco Hipotecario un acuerdo para postergar un pago de $ 9.000.000 por un año.
De esa forma, Fernández Maggio -quien al declarar en el juzgado dijo desconocer los hechos- "dio mérito al desarrollo del trámite falso posterior de las dos compras y la obtención del dinero ilícito que él mismo luego controló su gasto", sostiene la Fiscalía.
Respecto a la responsabilidad de Feble, Ferrero sostiene que generó las "adquisiciones desde su unidad sabiendo que las mismas no eran reales y firmó la documentación falsa de solicitud de una mercadería cuya necesidad era falsa". Agrega que Feble "admitió abiertamente que recibió dinero en forma irregular y que llevaba en su división una contabilidad paralela o en negro".
En relación a Damonte, la fiscal sostiene que "engañó a la administración" ya que fue él quien hizo las gestiones ante el BHU para cubrir "necesidades presupuestales inexistentes". Además, Damonte se llevó a su casa documentos de la Oficina de Presupuesto Naval.
Da Costa, en tanto, intervino directamente en el cobro de las supuestas compras intentando involucrar a otro oficial y a un proveedor de la Armada, explica el dictamen de la fiscal.
Finalmente, en cuanto a Márquez, Ferrero sostiene que en su condición de director de Aprovisionamiento, "era el responsable directo" de los pagos. Además, autorizó ambas supuestas compras y efectuó los pagos "sin que la mercadería ingresara realmente a la Armada", concluye la fiscal Ferrero.
Inició su carrera en 1964 y llegó al cargo máximo en el año 2006
Juan Fernández Maggio asumió como comandante de la Armada el 1° de febrero de 2006, tras haber sido designado a fines del año anterior por el entonces presidente Tabaré Vázquez para sustituir en el cargo a Tabaré Daners. Hasta ese momento, se desempeñaba como Prefecto Nacional Naval. Nacido en Montevideo el 15 de septiembre de 1947, Fernández Maggio ingresó a la Escuela Naval en febrero de 1964. Egresó en diciembre de 1968 con el grado de oficial. Así, inició su carrera en la que tuvo distintos destinos en la fuerza, como por ejemplo agregado naval en Estados Unidos y docente de la Escuela Naval. En febrero de 2010 pasó a retiro con el grado de almirante, dejando el cargo a Óscar Debali, quien renunció la semana pasada.
Fiscal pidió que se interrogue a proveedor naval implicado
La fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero pidió a la jueza Graciela Gatti la citación del empresario Daniel Trocki, para interrogarlo sobre su presunta vinculación con la maniobra de simulación de compras en la Armada.
Daniel Trocki, junto a su hermano Gustavo, son dos de los principales proveedores de la fuerza de mar. La jueza Gatti y la fiscal Ferrero probaron que una cuenta existente en la filial de Nueva York del banco Hapoalim que está a nombre del primero de ellos fue asociada a la empresa "fantasma" de supuesto origen alemán llamada SWWK Motoreng con la cual la Armada simuló en 2008 la compra de un banco de prueba para motores por un total de US$ 400.000.
Además, los hermanos Trocki, en 2007, oficiaron como intermediarios en la venta a la Armada de 16 lanchas patrulleras por US$ 6.200.000, que se encuentran actualmente en Haití al servicio de la misión de la ONU.
Esa compra, realizada a una empresa de Estados Unidos, fue cuestionada a nivel político al afirmarse que la Armada pagó sobreprecios por las unidades y descartó otras lanchas de mejor calidad y a menor precio ofrecidas por una empresa rusa.
Ayer, el diario La República, informó que los hermanos Trocki y sus familias "huyeron" a Israel a principios de agosto. En el caso de Gustavo, se trasladó primero a Estados Unidos para luego volar rumbo a Israel, según el matutino.
En tanto, la DGI inició "a toda celeridad" la investigación en torno a 14 empresas vinculadas con las maniobras en la Armada, dijo el director de Rentas, Pablo Ferreri.
Involucrados por corrupción en la Armada acusan a ex comandanteLos indagados por las irregularidades en la fuerza de mar apuntan contra Juan Fernández Maggio
Los oficiales indagados por las presuntas maniobras ilícitas en la Armada admitieron ante la Justicia que inventaron las adquisiciones para tener “fondos frescos” a disposición de la fuerza y afirmaron que actuaron bajo las órdenes del ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, informa este miércoles El Observador. El aludido negó esa versión, y dijo que al tomar conocimiento con las irregularidades que se investigan se “sorprendió”. Las compras falsas de una grúa en $4 millones y de un banco de prueba para motores en casi $7,5 millones, fueron realizadas a fines de 2008 y autorizadas en enero de 2009. El capitán de navío que llevaba adelante la contabilidad de la Armada denotó que anotaba “cada rubro” en lo que se gastaba el dinero y rendía cuentas al comandante en jefe, y agregó que él mismo destruyó los comprobantes. La jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero dispondrán careos para aclarar esas contradicciones. (Observa)

Fecha: 04/08/2010 | 06:44 | Montevideo, Uruguay

03/08/2010

Alejandro Barreto apropiación indebida en Metzen y Sena

Justicia constató varios delitos en gestión de Metzen y Sena
Se pudo comprobar que se malversó el dinero del Estado para salvar una empresa que estaba fundida
La Justicia en crimen organizado logró probar varios delitos en la gestión de la empresa Metzen y Sena que confirman que se malversó el dinero del Estado para salvar una empresa que estaba fundida. La indagatoria probó defraudación tributaria, libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y otras maniobras más según dijeron a El Observador fuentes judiciales.Hoy volverá al juzgado el titular de la empresa, Alejandro Barreto. El empresario declaró la semana pasada y aunque la audiencia se extendió por más de cuatro horas todavía no pudo ser interrogado sobre todo los temas que abarca la investigación. Las fuentes señalaron que ayer se sumó al expediente una denuncia policial que presentaron los trabajadores de la planta ubicada en Empalme Olmos, por apropiación indebida. Denunciaron que la empresa retuvo los aportes de los trabajadores al BPS. Luego de esta instancia, el juez Jorge Díaz pasará en vista el expediente a la fiscal Mónica Ferrero para que se pronuncie sobre la o las responsabilidades que entienda pudieron
comprobarse.Entre las irregularidades probadas figura la creación de empresas “fantasma” en el exterior con las que Metzen y Sena comerciaba de diferentes formas. Algunas de esas empresas tenían como titular al propio Barreto. (Observa)

Fecha: 03/08/2010 | 07:46 | Montevideo, Uruguay
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=168559&sts=1

26/07/2010

Eduardo Coronel - Rentilan SA trafico de influencias y coimas con la armada y el ejercito

la republica 26 julio 2010
EMPRESA INVESTIGADA. HABRÍA COBRADO POR OBRAS EN LA ARMADA CON FONDOS NO DECLARADOS
http://www.larepublica.com.uy/politica/418356-armada-prohibio-pagos-con-vales-de-nafta
Armada prohibió pagos con vales de nafta
La empresa Rentilan SA, que aparece mencionda en una presunta maniobra en la Armada con vales de nafta y tiques de alimentación por unos U$S 900 mil, es la misma proveedora en decenas de compras directas del Estado. A raíz de este escándalo, la Armada prohibió el uso de los vales con otros propósitos que no sean el pago por combustible.
Rentilan SA. La firma que aparece envuelta en adquisiciones de la Armada fue la que construyó la cárcel para los represores.
Rentilan SA (ver nota aparte), propiedad del teniente coronel (r ) del Ejército Eduardo Coronel, participó en la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 8, de la calle Domingo Arena, conocida como "Cárcel Especial para Militares", en la cual se encuentra recluido el dictador Gregorio Alvarez y una decena de represores de la última dictadura cívico militar.
Esta empresa cobró a la Armada .080.122 en vales de nafta y otros .735.474 en tickets de alimentación entregados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con destino al personal subalterno por presuntas obras en el Dique Nacional. Según una investigación interna de la Armada, a la que tuvo acceso LA REPUBLICA esta factura se tramitó a través de Astilleros Navales (dependiente de la Dirección de Material), dentro del proyecto de construcción de barcazas para la ex Botnia.
La operación que ya fue denunciada en forma anónima a la jueza especial en Crimen Organizado Graciela Gatti reportó jugosos dividendos sobre todo a quienes la pergeñaron.
Esta se originó en un refuerzo de partidas por concepto de combustible que recibió la Armada en el Ejercicio 2008, con el objetivo de la compra de dos fragatas a Portugal. Este refuerzo no fue declarado al Estado Mayor (N-4) División Logística y del total asignado unos $ 27.012.078 sólo se distribuyeron efectivamente $ 10.931.956: el resto quedó "oculto" para el Estado Mayor General y a disposición de los autores de la maniobra. La transacción se efectuaba canjeando el valor de .000 en vales o tickets por $ 700 en efectivo: la comisión por el "blanqueo" de esta maniobra fue de 30%, según se hizo saber a LA REPUBLICA. El comandante de la Flota fue informado en ese momento que para atender gastos se había producido un "traspaso de rubros". Sin embargo, la realidad fue que con ese dinero se pagó a Rentilan.
En esta operación aparecen vinculados directamente dos capitanes de navío, aunque no se descartan otras responsabilidades a nivel superior de la cúpula de la Armada.
En resumen: la Armada no puede justificar el gasto durante 2008 de unos $ 18 millones en vales de nafta, alrededor del 25,5% de todo el combustible utilizado por dicha arma. En su misión principal (la flota), la Armada gastó ese año $ 27.172.717, un 27,3% del presupuesto asignado a este rubro. El tema fue analizado al más alto nivel en la Armada, el 13 de mayo de 2009, en reunión de la Junta de Almirantes.
Para no afectar la "imagen" institucional se decide justificar el faltante de nafta, diciendo que se habían otorgado vales de combustible "en forma gratuita" a los oficiales. Estos hechos culminaron con el traslado del director de Material, quien pidió ser relevado.
El lunes pasado, LA REPUBLICA se hizo eco de esta denuncia, la cuarta que involucra a la Armada. A raíz de estos hechos, el viernes pasado, en el 4º piso del Comando de la Armada, el prefecto nacional naval contralmirante Hugo Viglietti di Mattia, se reunió con todos los capitanes de navío del cuerpo de Prefectura. Allí, según fuentes consultadas, Viglietti comunicó la prohibición del uso de vales de nafta para otros destinos que no sean el pago de combustible. Un oficial preguntó cómo se instrumentará a partir de ahora el pago de algunos alquileres de viviendas. En dicho encuentro, a su vez, un oficial preguntó por el uso de tickets de alimentación repartidos por el Mides ya que su repartición jamás había recibido ni uno solo.
El ministro de Defensa Luis Rosadilla quien comparece hoy ante el Parlamento aún no ha tomado cartas en el asunto. El secretario de Estado explicará hoy a senadores y diputados de las comisiones de Defensa las investigaciones realizadas hasta ahora sobre las compras irregulares en la Armada. La investigación administrativa sobre compras irregulares determinó que el secretario de Estado separase del cargo a dos capitanes de navío y a dos capitanes de fragata.
La jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, del juzgado de crimen organizado, investigan las irregularidades por más de medio millón de dólares y se aprestan a citar a declarar esta semana a más oficiales de la fuerza de mar y a funcionarios de responsabilidad política del Ministerio de Defensa Nacional de los últimos gobiernos.
A su vez, el Partido Colorado analiza promover la creación de una comisión preinvestigadora para estudiar lo ocurrido en la Armada y en el propio Ministerio. Esta decisión está en carpeta luego de que el ex ministro Yamandú Fau solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que se investigue su gestión y la de los otros titulares de la cartera.
Una de las investigaciones en la Armada gira alrededor de supuestas compras ficticias de una grúa y un banco de pruebas para motores, realizadas en 2008. Otra investigación tiene que ver con el manejo irregular de fondos de la ONU por parte de las Fuerzas Armadas. Las pesquisas comenzaron en octubre de 2009.
Una tercera investigación se relaciona con una irregularidad ocurrida en el manejo de viáticos percibidos por un funcionario civil de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) que se trasladó al exterior. Esta persona ya fue separada de su cargo. Rosadilla informó que el Ministerio inició los trámites correspondientes ante el Poder Legislativo para su destitución como funcionario público.

la republica 1 dic 2007
http://www.larepublica.com.uy/politica/286942-el-contrato-con-coronel-por-reforma
El contrato con Coronel por reforma
El vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, reconoció que contrató a una empresa propiedad de Eduardo Coronel --ex militar y empresario mencionado en las denuncias anónimas--, para que se encargara de la refacción de una vivienda en un campo cuya propiedad comparte con dos hermanos más, pero descartó que ello signifique "tráfico de influencias".
Nin Novoa exhibió el contrato con fecha 8 de febrero de 2007 por el que se establece que el precio total de la obra asciende a US$ 42.158 y se fija un pago para acopio de materiales de US$ 11.500. También se establece que el precio total no incluye aportes al Banco de Previsión Social y que el plazo de la obra es de seis meses. El contrato está firmado por Fernando Nin y Eduardo Coronel.

http://www.radio36.com.uy/mensaje/2007/12/m_061207.html
el cinco de diciembre el diario El Observador informaba que el empresario Eduardo Coronel al que se acusa de estar relacionado en negocios poco transparentes con los hermanos Nin también trabajo para el comandante Rosales. La Cárcel especial que está en el batallón 6 de Caballería y cuya construcción el Ejército concedió directamente al empresario Eduardo Coronel, señalado como parte de una presunta red de trafico de influencias en las contrataciones militares, se ha convertido en uno de los puntos más candentes de la denuncia que investiga la justicia. Un asunto que genera suspicacia es que los militares que estaban en la cúpula del Ejercito cuando se le concedió directamente la cárcel a Coronel terminaron luego contratando al constructor para tareas particulares. Quien era jefe del Ejército en ese momento, el teniente general retirado Carlos Díaz admitió que Coronel le refaccionó su apartamento.
Milton Ituarte que por entonces era el jefe del estado Mayor personal de Díaz y que actualmente es el Jefe del estado Mayor conjunto, segundo cargo en importancia dentro del Ejército, reconoció que Coronel le refaccionó un baño de una vivienda de su propiedad. Mientras que otras fuentes dicen que el trabajo que Coronel le hizo a Ituarte fue un poco mayor, el general del Ejército puso su cargo a disposición ante los rumores y denuncias que le mencionaban.
El tercer militar que ocupaba un cargo de relevancia en la sede del comando cuando se concedió directamente la cárcel a Coronel es el actual comandante en Jefe del Ejército, teniente general Jorge Rosales era el Jefe del estado Mayor, la repartición militar que tiene a su cargo las construcciones dentro del Ejército. La denuncia además da cuenta del papel que juega el empresario Eduardo Coronel, un militar retirado que tiene una empresa constructora que realizó diversos trabajos para el Ejército en forma directa, sin previo llamado a licitación.
Pero casualmente Coronel también realizó trabajos particulares al ex Comandante en Jefe del Ejército Carlos Díaz, al actual jefe del Estado Mayor General Milton Ituarte, le construyó un parrillero al actual Comandante del Ejército Jorge Rosales, le refaccionó la construcción de la estancia del vicepresidente Nin Novoa en Melo, y le construyó la vivienda ubicada en Domingo Arena, a los militares que fueron detenidos para evitar su traslado a Villa Devoto

requeridos por la justicia Argentina.
el pais 29.11.2007
http://ns.elpais.com.uy/07/11/29/ultmo_316653.asp
CERRO LARGO
Interna militar investiga denuncia anónima
El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, dijo a radio Carve que podría haber una intención de perjudicarlo al hacer referencia a la denuncia anónima que recibió el gobierno sobre la existencia de una organización dedicada al tráfico de influencia.
La denuncia, conocida hace una semana por el semanario Búsqueda, involucra al vicepresidente, a su hermano y secretario privado Gonzalo Nin Novoa, al vendedor de armas Igor Svetogorsky, al empresario y teniente retirado Eduardo Coronel, al general Milton Ituarte y al diputado del MPP, Carlos Gamou.
Rosales agregó que se está investigando en la interna militar y restó importancia al tema debido a que calificó a la denuncia como inexacta y que hay muchas mentiras. Por otro lado, ratificó que el Ejército va a devolver a Estados Unidos material militar prestado entre los años ´40 y 50.
Ayer, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, durante la clausura de un seminario sobre financiación de los partido políticos que se realizó en el Palacio Legislativo dijo tener la frenta alta y "las manos limpias". Las familias Coronel y Nin Novoa tienen una relación de años e incluyo algunos negocios juntos. El País confirmó en fuentes legislativas que la esposa de Coronel, trabajó en la secretaría de Rodolfo Nin Novoa hasta 2005, cuando era senador del Frente Amplio. Se trata de una abogada funcionaria de la Ursec (Unidad Reguladora de Comunicaciones), organismo que está ahora presidido por León Lev, un dirigente de la Alianza Progresista, el sector que conduce Nin Novoa.
En tanto, la ex esposa de Gonzalo Nin Novoa, trabajó hasta hace poco en la empresa de Coronel.
Hace aproximadamente tres meses, la familia Coronel se asoció con Gonzalo Nin Novoa y otro de los hermanos del vicepresidente para la explotación de una estancia en el departamento de Cerro Largo. Según confirmó El País en fuentes oficiales y en medios locales, se trata de una sociedad para la explotación ganadera de un predio de unas 800 hectáreas en la 5° Sección de Cerro Largo, en el paraje "Sierras de Aceguá". La estancia cuenta con unas 600 cabezas de ganado vacuno.
La estancia no fue adquirida sino arrendada a una empresa llamada "Sucesores de Chiquinho Silvera", por la sociedad conformada por los Coronel y los Nin Novoa. En esta sociedad no figura Rodolfo Nin.
Las fuentes dijeron que Coronel, además de tener una empresa de construcción que ha trabajado para el Ejército, cuenta con una fábrica de explosivos en Durazno. Una cuadrilla de empleados de esta fábrica participó hace poco en unos arreglos que hizo Rodolfo Nin en su estancia La Lobuna en Cerro Largo.
En la denuncia anónima que llegó al Ministerio de Defensa, se lo menciona a Coronel como adjudicatario en forma irregular de obras de reforma y construcción de varias unidades militares, entre ellas la construcción de la cárcel de Paso de la Arena donde están alojados los militares retirados procesados por delitos contra los derechos humanos durante la dictadura, y reformas a la ex Escuela de Inteligencia del Ejército, un edificio ubicado en la esquina de Eduardo Víctor Haedo (ex Dante) y República.
x que no investigan a antomil sa godray sa binafar sa mateisa sa y radmor sa que son todas propidad de EDUARDO CORONEL QUE TAMBIEN VENDEN EN TODO EL ESTADO