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El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, anunció que exigirá responsabilidades políticas al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, por haberle entregado "información no veraz" sobre las irregularidades en una licitación que costó US$ 2,8:
El 27 de junio del año pasado, Casaravilla respondió un pedido de informes que seis meses antes le había cursado Gandini vinculado a irregularidades en una licitación para la realización del estudio de integridad y vida residual de las Unidades 5ª y 6ª de la Central José Batlle y Ordóñez. Dicho pedido de informes activó una investigación interna que derivó en la constatación de serias irregularidades en el proceso de licitación y las obras, el pasaje del expediente a la Justicia del Crimen Organizado y el inicio de sumarios con separación del cargo de tres gerentes.
Gandini denuncia que en la respuesta a sus pedido de informes, que fue elaborada por las gerencias del ente energético y firmada por Casaravilla, se "tergiversó" información para desestimular su investigación.
La indagatoria sobre la licitación que ganó la empresa Soluziona-CSI fue encargada por UTE al Dr. Álvaro Richino. El voluminoso expediente señala que debe determinarse la responsabilidad del "funcionario citado en la respuesta enviada por oficio al Ministerio de Industria el 27 de junio de 2012, la que no se corresponde con la verdad, pues según se informó en la investigación, el Consorcio Soluziona-CSI no cuenta por la ejecución del contrato de esta licitación con ninguna anotación por penalidades económicas o descuentos en el Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores a cargo de la División Abastecimientos, lo que eventualmente puede representar un ilícito penal".
Gandini había preguntado si una vez ejecutado el trabajo licitado, "UTE debió realizar, a su costo, trabajos de corrección de errores o reparación de daños en la Central Batlle causados por la empresa contratada u ocasionados como consecuencias de esos trabajos".
UTE respondió que "según lo informado por la Subgerencia de Mantenimiento Centrales Térmicas sobre los trabajos de la contratista, UTE hizo trabajos de reparaciones de válvulas, lo que se descontó del pago a la contratista, no habiendo asumido esta Administración dichos costos".
La investigación no detectó ese descuento al que aludió la respuesta de UTE y tampoco encontró "penalizaciones ante los incumplimientos de Soluziona-CSI", las que estaban previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.
La licitación en una modalidad de llave en mano había sido adjudicada por US$ 1.223.944,99 pero al finalizar los trabajos UTE abonó a la empresa un total de US$ 2.834.372,57, un 137,57% por encima del costo inicial.
"Conozco pedidos de informes que nunca fueron contestados y respuestas parciales que ocultan una parte de la verdad para no comprometer al Ejecutivo, pero lo que nunca vi fueron respuestas probadamente falsas. El presidente de UTE fue víctima de la subgerencia que lo indujo a error, pero es el responsable político porque firmó esa respuesta. Quiero determinar cuál será su responsabilidad política por informar de modo no veraz al Parlamento. Son hechos muy graves y él debió informarse más", sostuvo Gandini.
El legislador nacionalista también había preguntado si "UTE evaluó satisfactoriamente los trabajos realizados y si el informe final realizado por la empresa contratada alcanzó el nivel esperado", a lo que UTE respondió afirmativamente.
"Con todo lo que ocurrió es obvio que los trabajos no fueron satisfactorios. Las respuestas que recibí estaban dirigidas a que yo no siguiera investigando. Cuando recibí estas respuestas archivé el caso porque se me dijo que ante ese sobrecosto se había actuado y que el trabajo era satisfactorio. Luego me entero que ni una cosa ni la otra. Con sus respuestas UTE desalentó mi investigación y el presidente de la empresa, más allá de que él mismo pasó los antecedentes a la Justicia, debe responder políticamente por esa información fraudulenta", señaló Gandini.
IRREGULARIDADES.
La Justicia del Crimen Organizado analiza la responsabilidad de funcionarios de UTE en dos licitaciones (una adjudicada y otra en suspenso) por US$ 7 millones al Consorcio Soluziona-CSI entre 2006 y 2010, cuando Pedro De Aurrecoechea era vicepresidente del ente y, al mismo tiempo, accionista de la firma.
La indagatoria que ordenó Casaravilla detectó que "de la investigación administrativa puede concluirse claramente que la operativa usual en los procedimientos analizados no impide la posible colusión entre funcionarios del organismo y terceros", al tiempo que detectó una serie de irregularidades en las adjudicaciones.
En base a la investigación, el directorio de UTE resolvió iniciar sumarios con separación del cargo de tres funcionarios en puestos gerenciales: jefe de mantenimiento de centrales térmicas, jefe de mantenimiento mecánico y jefe de mantenimiento y estudios mecánicos.
Por su parte, la Justicia continúa las indagatorias. La jueza Adriana de los Santos tomó declaraciones a decenas de funcionarios de UTE y representantes de empresas privadas.
El País Digital
El presunto acto de corrupción ocurrió en una licitación abierta en julio de 2011 titulada "Trabajo de Mantenimiento de Centrales Térmicas" para realizar la puesta a punto de las centrales: Batlle, Maldonado, Punta del Tigre y La Tablada.
El presunto acto de corrupción en que estaría involucrado Aurrecoechea llega a los U$S 7 millones de dólares.
Aurrecoechea es ahora gerente general de Gas Sayago SA, empresa propiedad de UTE y Ancap, a cargo de la regasificadora.
El presunto acto de corrupción en que estaría involucrado Aurrecoechea llega a los U$S 7 millones de dólares.
Aurrecoechea es ahora gerente general de Gas Sayago SA, empresa propiedad de UTE y Ancap, a cargo de la regasificadora.
Brecha
Mala compañía
- ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN 26 OCTUBRE 2012
- ESCRITO POR: RICARDO SCAGLIOLA
Según pudo saber Brecha, la investigación administrativa en ute, encargada a un abogado externo, también abarca a varios gerentes y hasta a Mario Areán, investigado por la justicia por tráfico de influencias en beneficio de concesionarios de la Intendencia de Montevideo durante su período como secretario particular del ex intendente de Montevideo, Mariano Arana.
Según supo Brecha, hay denuncias de un “apersonamiento” de Areán en la empresa que compitió con Ciemsa por el cuidado de las centrales con el objetivo de apartar a esa sociedad de la licitación. Según información recabada por este semanario, se trata de la empresa Tecnocil srl, que hace trabajos de montaje y alineación de motores en la central Batlle. Areán se desempeña actualmente en la empresa csi, vinculada a Ciemsa a través de un consorcio, algunos socios en ambos directorios y hasta una misma casa central. De Aurrecoechea fue director de Ciemsa hasta el 7 de junio de 2005, cuando abandonó su cargo para desempeñarse en ute, pero los vínculos entre Ciemsa y csi son de larga data. De hecho, el presidente de la primera, Ignacio García Ferrés, fue socio de la segunda hasta el 16 de junio de 2010. De Aurrecoechea conserva una participación accionaria del 4 por ciento en la empresa. El caso es similar al de un familiar de uno de los gerentes involucrados. Al parecer, también en Ciemsa trabajaba el hermano de uno de los subgerentes del sector de generación térmica de ute.
De acuerdo a la información publicada por Búsqueda, el presidente Mujica avaló la presentación de la denuncia en la justicia. La denuncia, realizada en abril por el propio presidente de ute, fue conocida en agosto pasado por el resto de los directores del ente, al tratarse en una reunión del directorio la contratación de un abogado externo para encabezar la investigación administrativa. El ex director del ente y actual secretario político del Frente Amplio, Gerardo Rey (Asamblea Uruguay), relevado en agosto pasado por el propio Mujica –lo que despertó una dura reacción en el Frente Liber Seregni (fls)– dijo a Brecha tener “el mejor concepto del ingeniero De Aurrecoechea”. “Es público y notorio que mientras trabajó en la ute, nunca trabajó en la empresa. Me consta que Pedro es un compañero puntilloso en cuanto a la declaración jurada”, agregó. Consultado por las razones que podrían haber motivado la denuncia penal, Rey dijo que “eso hay que preguntárselo al que la hizo”, y que cuando se informó al directorio él ya no se desempeñaba en el ente. Fuentes de la Torre Ejecutiva negaron que la remoción de Rey haya estado vinculada a este caso.
Ayer, en el programa Fuentes confiables de radio Universal, el ex vicepresidente de la empresa durante el gobierno de Tabaré Vázquez aclaró que el caso ocurrió cuando ya no integraba ute y ofreció sus declaraciones patrimoniales como prueba. “Yo dejo el directorio de ute en mayo de 2010, y esta licitación se abrió en julio del 2011”, explicó. De Aurrecoechea, que reconoció brindar en la actualidad “servicios profesionales” a Ciemsa, dijo haber tenido conocimiento de que la empresa se había presentado a la licitación, aunque deslindó haber participado en el negocio. El ex funcionario aseguró no estar molesto con Casaravilla porque “es la obligación de cualquier funcionario público solicitar una investigación cuando se reciben denuncias”, según el artículo 177 del Código Penal. Pero, al mismo tiempo, anunció que tomará las medidas legales pertinentes para “limpiar” su nombre mediante la presentación de una demanda por daño moral. Continuará.
Según supo Brecha, hay denuncias de un “apersonamiento” de Areán en la empresa que compitió con Ciemsa por el cuidado de las centrales con el objetivo de apartar a esa sociedad de la licitación. Según información recabada por este semanario, se trata de la empresa Tecnocil srl, que hace trabajos de montaje y alineación de motores en la central Batlle. Areán se desempeña actualmente en la empresa csi, vinculada a Ciemsa a través de un consorcio, algunos socios en ambos directorios y hasta una misma casa central. De Aurrecoechea fue director de Ciemsa hasta el 7 de junio de 2005, cuando abandonó su cargo para desempeñarse en ute, pero los vínculos entre Ciemsa y csi son de larga data. De hecho, el presidente de la primera, Ignacio García Ferrés, fue socio de la segunda hasta el 16 de junio de 2010. De Aurrecoechea conserva una participación accionaria del 4 por ciento en la empresa. El caso es similar al de un familiar de uno de los gerentes involucrados. Al parecer, también en Ciemsa trabajaba el hermano de uno de los subgerentes del sector de generación térmica de ute.
De acuerdo a la información publicada por Búsqueda, el presidente Mujica avaló la presentación de la denuncia en la justicia. La denuncia, realizada en abril por el propio presidente de ute, fue conocida en agosto pasado por el resto de los directores del ente, al tratarse en una reunión del directorio la contratación de un abogado externo para encabezar la investigación administrativa. El ex director del ente y actual secretario político del Frente Amplio, Gerardo Rey (Asamblea Uruguay), relevado en agosto pasado por el propio Mujica –lo que despertó una dura reacción en el Frente Liber Seregni (fls)– dijo a Brecha tener “el mejor concepto del ingeniero De Aurrecoechea”. “Es público y notorio que mientras trabajó en la ute, nunca trabajó en la empresa. Me consta que Pedro es un compañero puntilloso en cuanto a la declaración jurada”, agregó. Consultado por las razones que podrían haber motivado la denuncia penal, Rey dijo que “eso hay que preguntárselo al que la hizo”, y que cuando se informó al directorio él ya no se desempeñaba en el ente. Fuentes de la Torre Ejecutiva negaron que la remoción de Rey haya estado vinculada a este caso.
Ayer, en el programa Fuentes confiables de radio Universal, el ex vicepresidente de la empresa durante el gobierno de Tabaré Vázquez aclaró que el caso ocurrió cuando ya no integraba ute y ofreció sus declaraciones patrimoniales como prueba. “Yo dejo el directorio de ute en mayo de 2010, y esta licitación se abrió en julio del 2011”, explicó. De Aurrecoechea, que reconoció brindar en la actualidad “servicios profesionales” a Ciemsa, dijo haber tenido conocimiento de que la empresa se había presentado a la licitación, aunque deslindó haber participado en el negocio. El ex funcionario aseguró no estar molesto con Casaravilla porque “es la obligación de cualquier funcionario público solicitar una investigación cuando se reciben denuncias”, según el artículo 177 del Código Penal. Pero, al mismo tiempo, anunció que tomará las medidas legales pertinentes para “limpiar” su nombre mediante la presentación de una demanda por daño moral. Continuará.
