Marco Antonio Giussepe Dávila la corrupcion de Chavez en Uruguay, Apliser S.A.

La justicia antimafia investiga venta de libros a Venezuela

Al cruce. Embajador en Uruguay asegura que es negocio entre privados

E. DELGADO / A. NOGUEIRA

La jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti, indaga una millonaria exportación de libros a Venezuela, luego que organismos estatales investigaran la atípica operación. Según el embajador venezolano fue un negocio entre privados.

Con un profundo hermetismo, la jueza Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe tramitan el expediente referido a la exportación de 50 mil textos que Apliser S.A. realizó a Venezuela que tuvieron un costo de US$ 5,85 por unidad y que se vendieron a US$ 498. Fuentes consultadas señalaron que los magistrados tienen en su poder los datos personales de los exportadores.

Ayer viernes, las declaraciones del embajador venezolano en Uruguay, Franklin González, fueron en línea con lo que calificadas fuentes vinculadas a la exportación señalaron a El País el jueves, de que la operación de Apliser SA supuestamente esté vinculada a una maniobra con el tipo de cambio en Venezuela, para usar el dólar preferencial que rige en ese país (a 2,14 bolívares por dólar) en el mercado negro (donde se cotiza a 6,35 bolívares).

Fuentes de gobierno consultadas en la pasada jornada consideraron que los indicios van en ese sentido. Esta no sería la única operación de exportación con estas características que se hace a Venezuela, aunque las demás aún no fueron denunciadas, señalaron fuentes.

El Ministerio de Economía delega en las cámaras empresariales algunas funciones de contralor de la operativa exportadora y la gremial emite los certificados de origen de muchos productos. Meses atrás, en el marco de esas tareas de contralor, la Cámara de Industrias del Uruguay notificó a la secretaría de Estado de una operación que consideró atípica: la exportación que Apliser S.A. realizó a Venezuela por valor de US$ 32.160.000 millones.

El MEF investigó la operación y más de un mes atrás puso en conocimiento de los hechos a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y a la Dirección General Impositiva. Ambos organismos públicos avanzaron en la indagatoria y el tema terminó en el juzgado contra el crimen organizado a cargo de la magistrada Gatti.

embajador. El embajador González habló sobre este caso tras la inauguración de las obras de ampliación del Instituto Nacional del Cáncer. Afirmó que las autoridades de Venezuela no discutirán "temas que tienen que hacerlo actores nacionales".

"Lo que sí quiero manifestar es que muy pronto habrá sorpresas en este tipo de negociación que se está haciendo entre actores privados, donde no está participando al menos el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", dijo.

Agregó que esas sorpresas son porque "se hacen operaciones fantasma, utilizándose supuestas ventas o supuestas compras para utilizar el dólar preferencial que tenemos en nuestro país y luego con ese dólar preferencial, ir al mercado paralelo y hacer jugosos negocios".

El diplomático su-brayó que "es un negocio entre sectores privados, donde no participa ni el gobierno de la República Oriental del Uruguay, ni el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

"Yo no puedo asegurar ni que sí ni que no (sean negocios fraudulentos) hasta después que se hagan las investigaciones que nos corresponden a nosotros -porque nada tenemos que ver con el debate interno-. En lo que tiene que ver con Venezuela, nosotros estamos haciendo las investigaciones del importador y una vez que tengamos información al respecto la daremos a conocer a la opinión pública", aseguró el diplomático.

Recordó que Venezuela informó sobre algunos casos que "se han dado con Colombia y con Ecuador, con exportaciones fantasma o compras del lado venezolano fantasmas que se hicieron con el único propósito de obtener las divisas con el organismo oficial nuestro Divisas Preferenciales, y luego venderlas en el mercado paralelo. Esas empresas han sido detectadas y han sido denunciadas y, por supuesto, el negocio se le fue acabando", concluyó.

LA OPERACIÓN. A comienzos de diciembre de 2008, dos directivos de Apliser -que según diversas fuentes eran extranjeros- consultaron a imprentas de plaza sobre el costo de imprimir 50 mil ejemplares del libro Técnicas del ordenamiento territorial.

Por el 20 de diciembre, los directivos acordaron con Mosca Hermanos la impresión de los textos a un costo de US$ 5,85 la unidad.

Los empresarios extranjeros dijeron que el destino de los textos era el Ejercito venezolano, que los necesitaba con urgencia y que por eso debían tenerlos prontos para finales de enero, informaron las fuentes. El primer envío se hizo en febrero y el siguiente en mayo, ambos por avión.

La operación fue abonada a Apliser S.A. que emitió nueve facturas de US$ 2.656.645 (ver facsímil en esta página) donde por la empresa aparece como "asesor" Juan Mario Bernal.

El comprador -Inversores Ganesa C.A.- es una empresa dedicada a la exportación e importación de carne de aves, granos y huevos y tiene sus oficinas en la Torre Financiera de Caracas en la calle Beethoven y Avenida Principal de Bello Monte. Como contacto figura Marco Giussepe (ver recuadro) (Producción P. Besada, F. Tiscornia, L. Nicrosi)

Autor colombiano y empresa de aves

El libro exportado por Apliser fue comprado por la firma Inversiones Ganesa C.A. de Venezuela que está registrada como proveedor del Estado Bolivariano como importadora y exportadora de carne de aves, granos y huevos. Su "contacto", según las facturas a las que accedió El País (ver facsímil) es Marco Antonio Giussepe Dávila que ayer le cortó la comunicación a un periodista de El Nacional que lo ubicó. Giussepe es también el presidente de la firma. El libro exportado "Curso diplomado. Técnicas de ordenamiento territorial" es atribuido a un conocido arquitecto -Alberto Mendoza Morales- que se describe como de la Universidad de Chile, aunque en realidad es colombiano, lo que se omite en la biografía de contratapa del autor que es además presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

La foto del autor en la contratapa del libro puede encontrarse fácilmente en el buscador Google.

Secretaría Antilavado investiga exportación millonaria a Venezuela 28.08.2009 | 13.56

La Secretaría Antilavado de Activos analiza a la empresa Apliser S.A por la exportación a Venezuela por 32 millones de dólares en libros. .El Partido Nacional analiza trasladar a la Justicia la información sobre el caso y maneja solicitar una comisión investigadora en el Parlamento.

Desde el ámbito empresarial se dijo al diario El País que existe la posibilidad de que el negocio esté vinculado a una maniobra entre particulares con el tipo de cambio venezolano.
Esto se sospecha dado que en Venezuela está prohibido el uso del dólar. Hay una cotización oficial del Banco Central de Venezuela que este jueves era de 2.15 bolívares por cada dólar, mientras que en el mercado negro de ese país cotizaba a 6.35 bolívares.

El mercado cambiario venezolano está controlado desde febrero de 2003. Por ello, el importador venezolano de los productos uruguayos debe recibir la autorización del Banco Central de Venezuela para comprar los dólares para pagar su compra al precio oficial de la divisa.
Ese dinero se gira a Uruguay para abonar la compra y retorna “en vivo” a Venezuela, es decir, en billetes, para volcarse en el mercado negro venezolano, que paga por cada dólar un precio ampliamente superior al que ofrece el Banco Central de Venezuela.

Long entiende que esta es una posibilidad, pero la considera como una de las tantas posibles maniobras.

El legislador dijo que pretende investigar si el negocio involucró al Estado venezolano o si se hizo entre particulares de ambas naciones. No obstante, señaló que de una manera u otra, el Estado caribeño está involucrado porque para realizar compras en dólares las empresas deben solicitar el cambio de bolívares por dólares al Banco Central de Venezuela.

“A nuestro juicio, igual está la interrogante, que nos parece importante, de la utilización de la importación, también sería importante quién puede ser el destinatario final de este producto, que evidentemente difícilmente sean para poner al público, son materiales educativos... En fin, hay una cantidad de preguntas que tienen que ver con el gobierno de Venezuela”.
En el primer semestre de este año, la firma elaboró material bibliográfico por el que pagó menos de 500.000 dólares y luego lo exportó a Venezuela por más de 32 millones de dólares. La diferencia entre las dos cifras llamó la atención del senador blanco Ruperto Long.

“Sorpresivamente”, Apliser quedó ubicada en el lugar 21 entre todos los exportadores del país, destacó Long en sus declaraciones a Búsqueda.

El material exportado se llama “Técnicas de la ordenación territorial” y consiste en impresiones cartográficas.

La empresa gráfica uruguaya Mosca Hnos. fue la encargada de imprimir ese material a principios de año y le cobró Apliser alrededor de seis dólares por unidad, de acuerdo con la información que obtuvo Long.

Luego, Apliser S.A. vendió a 498 dólares cada una de esas unidades de material bibliográfico con destino a Venezuela. Eso significa que por cada dólar que invirtió, obtuvo 83 de retorno.

Los propietarios de Apliser S.A. en la actualidad, quienes han llevado adelante las operaciones de exportación bajo sospecha, es un grupo inversor extranjero de Colombia y de Estados Unidos que llegó al país y compró la Sociedad Anónima que estaba armada.

Fuentes empresariales confirmaron a El Espectador que el comprador en Venezuela de este material bibliográfico no es directamente el Estado, sino una empresa privada que luego le vende al Estado venezolano el material bibliográfico junto con los cursos de capacitación correspondiente.

El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo que “desde hace días” tiene a estudio el caso.

Gil Iribarne dijo que investiga este caso desde antes de la denuncia hecha públicamente por el senador Long. Por el momento, no quiso hacer más consideraciones sobre el tema.